La jurisprudencia brasileña autoriza a encarcelar a los acusados que hayan agotado las apelaciones en la segunda instancia, como ocurrió ayer con Luiz Inácio Lula da Silva, de 72 años, expresidente de la mayor economía latinoamericana entre 2003 y 2010.
Pero el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) le garantizó la semana pasada que no sería detenido al menos hasta el 4 de abril, cuando reanude la discusión de un ‘habeas corpus’ que podría permitirle mantener su libertad hasta que finalicen los recursos en todas las instancias judiciales superiores. Ese camino puede tardar años en recorrerse, empieza con el Supremo Tribunal de Justicia (STJ, tercera instancia) y puede llevarlo de vuelta ante el propio STF.
Los abogados del expresidente denunciaron una “condena ilegal” y no se mostraron satisfechos con las explicaciones dadas ayer. Dijeron que, a su entender, “no se agotaron los recursos” de segunda instancia y señalaron que podrían cuestionar el fallo dentro de la misma corte de apelaciones (TRF4), una tentativa rara vez admitida, según juristas.
Tras el fallo del TRF4, Lula también estaría impedido de presentarse como candidato según la ley electoral brasileña, en momentos en que lidera los sondeos para las presidenciales de octubre.
El exmandatario enfrenta otros seis procesos judiciales. En todos se declara inocente y los atribuye a una conspiración .
El caso
04/03/2016
Lula fue acusado de recibir un apartamento de lujo de la constructora OAS, a cambio de de su influencia en Petrobras.
24/01/2018
Tres jueces de un tribunal de apelación confirmaron la condena por corrupción para Lula y aumentaron la sentencia inicial a 12 años.
22/03/2018
El Supremo Tribunal Federal postergó hasta el 4 de abril la decisión sobre el pedido de Lula da Silva para evitar la prisión.